Sinopse

En el marco de la administración de la justicia penal, el debate sobre la mejor manera de enjuiciar un hecho criminal para concretar (y llegar a) la justa composición de los conflictos a él subyacentes en el ámbito del proceso está abierto a reflexiones. Con sus entrañas anticuadas, el proceso judicial fue pensado como un vehículo para la confrontación entre los litigantes. En particular, en el caso del proceso penal, este se construyó bajo la necesidad de satisfacer el poder punitivo que el Estado escondía. Hoy en día, en cambio, se reclama una nueva elaboración y, más que eso, una nueva mentalidad sobre el concepto del proceso que atienda y contemple todas las manifestaciones e intereses de los actores que en él intervienen, especialmente para la protección de todo lo que a él se somete o a partir de él se repercute. El ideal de un “justo proceso” penal, pensado bajo la perspectiva de quienes en él tienen algún papel relevante, es una realidad que afecta a la forma misma de hacer justicia real y, efectivamente, retributiva, máxime porque revela en los roles de los sujetos procesales sus perfiles y compromisos socio-políticos.

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